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Producción de Material Pornografico

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⦁ PRODUCCIÓN DE MATERIAL PORNOGRAFICO.
(540 dias  a los 5 años de cárcel).

Ley 19.927  14 de Enero de 2004, introdujo el artículo 374 bis del Código Penal.

El artículo 374 bis del Código Penal,  penaliza a el que que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

     El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.".

La Jurispridencia de la Corte Suprema ha señalado que la expresión "maliciosamente" utilizada por el legislador en la descripción típica del inciso segundo del artículo 374 bis del Código Penal debe ser entendida como el elemento subjetivo constituido por el dolo del agente, que bastará con la conciencia de que se posee, en un sistema o soporte computacional, tales archivos que constituyen pornografía infantil, no importanto si dichos archivos tienen o no fines comerciales.  Corte Suprema 18 de agosto de 2009, ROL 3.557-2009.

La ley 19.927, agregó al Código Penal el artículo 374 ter, el que establece: " Las conductas de comercialización, distribución y exhibición señaladas en el artículo anterior, se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional.".

El que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, sufrirá la pena  que puede ir desde los 3 años y un día a los 5 años.

  • Facultades especiales para investigar estos delitos. 

​La ley 19.927 introdijo  el artículo 113 ter al Código de Procedimiento Pernal, artículo que amplia las facultades para investigar esta clase de delitos, estableciendo: 

Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos de producción, exportación o importación, comercialización  de pornografía infantil o  promover la prostitución de menores,  el juez  podrá ordenar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización y la grabación de comunicaciones.
     La orden que dispusiere la interceptación o grabación deberá indicar el nombre o los datos que permitan la adecuada identificación del afectado por la medida y señalar la forma en que se aplicará y su duración, la que no podrá exceder de sesenta días. El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes. En todo caso, la orden judicial no podrá extenderse más allá de un año desde que se decretó.
     Las empresas o establecimientos que presten los servicios de comunicación a que se refiere el inciso primero deberán, en el menor plazo posible, poner a disposición de los funcionarios encargados de la diligencia todos los recursos necesarios para llevarla a cabo. Con este objetivo los proveedores de tales servicios deberán mantener, en carácter reservado, a disposición del tribunal, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a seis meses, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados. La negativa o el entorpecimiento en la práctica de la medida decretada será constitutiva del delito de desacato, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas o de los establecimientos deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.

     Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar las medidas se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para las mismas, ellas deberán ser interrumpidas inmediatamente.

         También  el juez podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos, o la realización de entregas vigiladas de material que consituyan pruebas para acreditar los delitos investigados. 

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